El resumen informativo del año 2020 en Pontevedra necesariamente debe pasar por los juzgados de A Parda. El año judicial empezó con un juicio en febrero contra la empresa Audasa por el cobro de los peajes de la autopista AP-9 durante las obras de ampliación del puente de Rande y terminó en noviembre con el ex presidente de la Deputación de Pontevedra y actual presidente de la Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán, y la ex alcaldesa de Moraña y actual delegada de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Luisa Piñeiro, en el banquillo de los acusados, él por un delito de prevaricación y otro de fraude y ella como cooperadora necesaria de la prevaricación y fraude.
El juicio de Audasa terminó en condena en una sentencia ya recurrida por la empresa Audasa y por la Fiscalía, impulsora de la demanda colectiva que dio lugar a esta causa, a la que luego se adhirieron las asociaciones Adicae y En Colectivo, así como particulares. Ambos recursos deberán ser resueltos por la Audiencia Provincial de Pontevedra.
El juzgado admitió parcialmente la demanda y condenó a Audasa a cesar en la práctica abusiva consistente en cobrar los peajes de manera íntegra a los usuarios de la autopista en los casos en que se produzcan incidencias que se puedan calificar, por parte de la DGT, con el color negro (circulación interrumpida con carretera cortada), con el rojo (circulación difícil, muy lenta con paradas frecuentes y prolongadas) o amarillo (circulación irregular, lenta con paradas esporádicas).
Los usuarios que hayan sido afectados por alguna de las 81 incidencias referidas en la sentencia podrán instar a que se les reconozca como beneficiarios de la condena.
La Fiscalía de Pontevedra recurriópidiendo que se establezca que el cese de esta práctica abusiva se refiera a cualquier autopista gestionada por Audasa en España y no solo a la AP-9, incluyendo el deber de abstenerse de utilizarla en el futuro. También reclamó que la devolución del dinero se extienda a todos los usuarios que circularon por la autopista durante los tres años y medio que duraron las obras y no solo a los que lo hicieron durante los 81 incidentes concretos enumerados en la sentencia.
Audasa también impugnó el fallo porque las obras siguieron las "normas y directrices" de la administración y porque estaba "obligada" a cobrar las tarifas "sin descuento o reducción", ya que el régimen jurídico de la concesión fija que no tiene "capacidad alguna" para aplicar precios inferiores a los aprobados o reducir voluntariamente el importe del peaje.
El juicio contra Louzán y Piñeiro todavía está pendiente de sentencia. Ambos están acusados en una causa que tiene su origen en una pieza separada de la denominada operación Patos, y sentó en el banquillo a 8 personas. A los políticos se suman el responsable de la empresa Eiriña, Enrique Alonso Pais; su mano derecha, Jaime Alvariñas; el entonces director de infraestructuras de la Deputación, Manuel González Juanatey; dos empresarios de Pontevedra y O Salnés, D.G.F. y M.R.O; y, un arquitecto, D.A.L.O.
En esta causa el juzgado deberá determinar si estos ocho implicados cometieron irregularidades en las obras del campo de fútbol de Moraña, pues la Fiscalía sostiene que se amañó un concurso público. El fiscal asegura que sobre la licitación original, adjudicada a la empresa Eiriña por un millón de euros, se ideó un "sistema artificioso y en fraude de ley" para abonar a la constructora unos 86.000 euros por un presunto sobrecoste relativo a unas obras ejecutadas y no contratadas, pero los ocho acusados lo niegan.
Este año 2020 también llevó al juzgado un mediático y polémico suceso ocurrido en octubre de 2018 en la carretera PO-546, en el acceso a la fábrica de Ence por la carretera vieja de Marín, cuando un camionero atacó a martillazos a dos ciclistas.
La agresión llegó a juicio el 1 de diciembre en el Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra y se cerró con un acuerdo de conformidad que evitó la celebración de la vista oral. El transportista reconoció los hechos y fue condenado por los delitos leves de lesiones a 3 meses de multa, por los de amenazas a 2 meses de multa y por los de daños a 10 meses de multa, todos con la misma cuota de 10 euros al día. Todo ello supone unos 4.500 euros.