El juzgado ordena la reapertura inmediata de la piscina olímpica de Ponte Muíños

Pontevedra
16 de junio 2022
Actualizada: 17:42

El auto ordena a la empresa concesionaria del complejo Rías do Sur, Sidecu S. A., a reabrir las instalaciones porque "no se puede interrumpir la actividad de los deportistas federados en los espacios reservados y con los que hay convenios"

Piscina de las instalaciones del Complejo Deportivo Rías do Sur Rías do Sur

La piscina olímpica de Ponte Muíños debe reabrir de forma inmediata. Así lo recoge un auto del Juzgado de Primera Instancia Número de 3 de Pontevedra a través del que ordena a la empresa Sidecu S. A. la reapertura de los espacios para los deportistas federados, los clubes y los socios fundadores de la Fundación Rías do Sur.

Esta decisión, que se dio a conocer hace unos días a las partes implicadas, llega después de que tanto la Fundación como los deportistas federados y sus clubes adoptaran medidas legales contra la decisión unilateral de la empresa concesionaria de cerrar las puertas de este complejo deportivo. 

En un comunicado publicado en la web de la Federación Galega de Natación, puntualizan que esta medida se adoptará mientras se resuelve la relación entre la concesionaria y la Fundación Rías do Sur, propietaria de la instalación.

La justificación de esta orden se centra en que "no se puede interrumpir la actividad de los deportistas federados en los espacios reservados y con los que hay convenios".

Aunque la reapertura de estos espacios debe ejecutarse de forma inmediata, Sidecu S. A. tiene la opción de interponer un recurso contra estas medidas cautelares dictadas por la Justicia en un plazo de veinte días a contar desde la publicación del auto. Sin embargo, desde la FUndación desconocen todavía si tienen intención de hacerlo.

Con respecto al conflicto sobre el futuro del complejo deportivo, al situación continúa enquistada y en manos de los servicios jurídicos de una y otra parte. El objetivo principal de la Fundación Rías do Sur es que Sidecu cumpla el contrato y, en caso de que no lo haga, exigirán a la Justicia la rescisión del mismo para adjudicarlo a otra entidad. En cualquier caso, la solución definitiva al conflicto parece estar todavía lejos.