La Deputación provincial ha desestimado el recurso de reposición que la asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra (AMUPo) había interpuesto contra la convocatoria de la plaza de dirección del Museo Provincial, tras el cese de Carlos Valle.
También desestima la petición de suspensión del acto para cubrir el puesto al entender, entre otras causas, que las bases cuentan con respaldo legal suficiente. En la resolución presidencial se considera que la situación jurídica actual del Museo, dependiente de la Deputación, le permite la creación del cargo. Alega también que los requisitos de las personas aspirantes se acomodan a la regulación, al igual que las personas que integran el órgano técnico de valoración de la idioneidad poseen conocimientos suficientes y amplia experiencia en el desarrollo de este tipo de procesos selectivos.
Desde AMUPo, el presidente Ernesto Vázquez-Rey lamenta la actitud de la Deputación en un "asunto tan sensible" como es el de la Dirección del Museo y entiende que la Deputación solo ofrece dos motivos para el rechazo del recurso. Por una parte, entiende que AMUPo carece de legitimación suficiente para cuestionar el procedimiento administrativo regulado. Una cuestión que, según Vázquez-Rey, obvia las argumentaciones jurídicas presentadas por el colectivo. Y por otra parte que el Museo de Pontevedra es un Servicio de la Deputación provincial, una circunstancia que critica la asociación al entender que la liquidación del Organismo Autónomo Local Museo de Pontevedra en 2012 se producía en fraude de ley, incumpliendo los propios Estatutos del Museo, al no comunicar esta situación a la Consellería de Cultura, administración competente en materia de Museos, conforme a la ley.
Ante esta resolución, AMUPo anuncia que iniciará en las próximas semanas el proceso para presentar un nuevo recurso ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra. Vázquez-Rey afirma que esperan que los Tribunales se pronuncien sobre el asunto de fondo, que para ellos es la autonomía del Museo Proivncial ante la "ocupación ilegal" que la Deputación está desarrollando desde 2012.