El juicio a Rafael Louzán por cohecho, pendiente del TSXG
Por Natalia Puga
La causa judicial abierta por un delito de cohecho impropio contra el expresidente de la Deputación de Pontevedra y del PP provincial, Rafael Louzán, está ahora en manos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Tras la apertura de juicio oral por parte del Juzgado de Instrucción número 2 de Cambados, el caso llegó a la Audiencia de Pontevedra, que ya resolvió las cuestiones previas planteadas por las partes, y allanó el camino para el juicio. Sin embargo, en una nueva vuelta de tuerca, la defensa de Louzán y el resto de procesados han recurrido ante el Alto Tribunal gallego.
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial todavía debía emitir un último auto para especificar por qué delitos deben ser juzgados Louzán y los dos co acusados, su esposa, Teresa Cores Fernández, y el exdiputado del PP en la Deputación por Pazos de Borbén Severino Reguera Varela.
Antes de eso, según ha podido saber PontevedraViva, los tres procesados presentaron recursos ante el TSXG alegando su desacuerdo con el procedimiento por cuestiones como la actuación del fiscal del caso, Augusto Santaló, responsable de perseguir los delitos económicos en la Fiscalía Provincial, al que acusan de haber perseguido a Louzán con investigaciones que desmenuzaron toda su vida y patrimonio sin justificiación previa aparentem vulnerando su presunción de inocencia y con un procedimiento que se siguió de espaldas a ellos y sin darle derecho a defensa.
Los tres acusados también argumentan que los hechos que le atribuyen no son constitutivos de ningún delito y, aún en el el caso de serlo, habrían prescrito. En sus recursos utilizan los mismos argumentos que ya emplearon en el mes de enero durante la vista previa en la Audiencia a la que acudieron el fiscal y los tres abogados defensores y en la que pidieron el archivo de la causa. Los tres tienen letrados diferentes, circunstancia que apuntan a que podrían seguir estrategias procesales, si bien en la sala de vistas mostraron un mismo criterio.
Tras aquella vista, el auto de la Audiencia resolviendo las cuestiones previas desestimó algunas de las presentadas por las partes, de ahí que optasen por el recurso y por insistir en que en este procedimiento se han vulnerado derechos fundamentales y el principio de legalidad.
Este proceso judicial por el que se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial ante un jurado se refiere a los supuestos sobrecostes en los alquileres de tres bajos e la zona de Navia, en Vigo. El fiscal mantiene que el delito comenzó en el año 2008 y continúa a día de hoy, pues el contrato de alquiler se firmó por una década y sigue en vigor en la actualidad, mientras que los procesados argumentan que habría prescrito.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Cambados acordó en diciembre de 2016 la apertura de juicio oral contra Rafael Louzán por un delito continuado de cohecho impropio contra Teresa Cores por cohecho impropio y contra Severino Reguera por un delito continuado de cohecho pasivo. Tras aquel auto de apertura, en abril de 2017 el caso llegó a la Audiencia. Desde entonces, las partes formalizaron varios recursos, que se revisaron en enero y tuvieron resolución en mayo. Ahora, tras los nuevos recursos, se prevé que haya una nueva comparecencia en el TSXG, desde donde el caso volverá al tribunal provincial.
Los hechos de los que se le acusa tienen su origen en el año 2008, cuando Louzán y Teresa Cores reservaron cinco locales en la calle Teixugueiras de Vigo y finalmente compraron tres por 460.122,5 euros y cedieron la compra de los otros dos a Severino Reguera y su esposa. Para realizar la entrega inicial de dinero a la empresa que les vendió los bajos, Severino Reguera les prestó 103.748,42 euros.
El fiscal concluye que Louzán y su esposa compraron los bajos sabiendo desde el principio que el precio de compra y la hipoteca iban a ser pagados por la empresa de una persona que también ejerce cargo político en la Deputación y en el PP y cuya proyección económica depende de Louzán. En su opinión, se trata de un "trato de favor" de Severino Reguera a quien entonces era presidente de la Deputación y de su partido fruto de una operación de compra inmobiliaria que "se planeó entre los señores Reguera y Louzán y su esposa".
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