La empresa pública Tragsatec seguirá gestionando la perrera provincial hasta 2019
Por Oskar Viéitez
El abandono de animales, además de evidenciar un problema de tipo humanitario, representa un grave problema de salubridad pública y seguridad vial.
Desde el año 2012 la Deputación suscribe un convenio de colaboración con los concellos de la provincia con una población inferior a 50.000 habitantes, en el que se contempla una delegación del ejercicio de las competencias municipales a favor de la institución provincial para el servicio de recogida de animales domésticos abandonados. De momento ya son 48 los ayuntamientos adheridos al servicio provincial. Cada concello abona 0,4 euros por habitante.
La Deputación presta este servicio a través del Centro de Acogida y Protección de Animales, conocido como el CAAN, con sede en Armenteira y gestionado por la empresa estatal pública TRAGSATEC (filial de TRAGSA) que acaba de renovar este mes de mayo su encomienda de gestión hasta el año 2019.
Tragsatec se seguirá encargando de la recogida de animales abandonados y de su cuidado y tratamiento. Además se responsabiliza de la identificación animal, del control de poblaciones mediante la esterilización, campañas de sensibilización dirigidas a diferentes colectivos, formación para la mejora del control y de la vigilancia de la identificación animal así como de la persecución y seguimiento de las infracciones por abandono y maltrato de los animales, entre otras muchas tareas.
Según ha informado la diputada responsable de este área, Eva Villaverde, entre las principales mejoras que se incluyen en el nuevo contrato destaca que todos los animales recogidos serán esterilizados, además la empresa ampliará la actual plantilla de profesionales de veterinaria y laceros, promoverá varias campañas de sensibilización e incrementará la presencia en redes sociales y la colaboración con las asociaciones protectoras.
Con este nuevo contrato habrá una actualización de los precios respecto al 2014 cuando se firmó el anterior. En este tiempo se han duplicado el número de perros que se recogen, así como la demanda que se requiere desde los concellos, así como las colaboraciones con las autoridades policiales y judiciales, lo que ha incrementado el coste del servicio de 375.000 a 621.000 euros.
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