Diez de los 17 acusados de la red de O Mulo por un alijo de 1.245 kilos de coca reconocen los hechos
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
El juicio contra 17 personas acusadas del alijo de 1.245 kilos de cocaína incautados a bordo del pesquero 'Coral I' en enero de 2015 comenzó este lunes con una engorrosa primera sesión dedicada a las cuestiones previas. En medio de peticiones de nuevas pruebas y de nulidades, la principal novedad del caso llegó con la postura de diez de los procesados, que anunciaron al tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra que les juzga que reconocen los hechos que se le atribuyen.
La vista oral comenzó con el presidente del tribunal, Xosé Xoán Barreiro Prado, preguntando a todos los procesados si se reconocían autores de los hechos por los que había llegado a juicio. Se levantaron y dijeron que sí los nueve tripulantes del pesquero 'Coral I', que fue enviado desde Sudamérica cargado con la cocaína que los miembros de la rama gallega de la organización debían recoger y hacer llegar a las costas españolas, y también José Gerardo Holguín Romero, uno de los tres integrantes de la rama sudamericana de la organización desplazada a Galicia.
Frente a la postura de estos diez procesados se sitúa la de los siete restantes, entre ellos el narcotraficante arousano Rafael Bugallo Piñeiro, conocido como 'O Mulo', a quien se le considera el jefe de la organización; y su mano derecha, Jaime Iván Bolados Geraldo, vecino de Pontevedra de origen chileno.
También se sientan en el banquillo y negaron los hechos los arousanos José Benito Vieites Reboeiras, Pedro Miguel Brea Gago y Juan Carlos Nogueira Oubiña, de quienes el fiscal considera que estaban "al servicio y bajo las órdenes" de 'O Mulo' y Over Alberto Vence Córdoba y Juan Manuel Ramos Alfonso, los otros dos procesados que, junto con Holguín, formaban parte de la rama sudamericana de la red.
La sesión de este lunes se centró en dos tipos de cuestiones previas diferentes que el tribunal resolverá este martes a partir de las 10.15 horas, cuando está previsto que se reanude el juicio. Por un lado, el fiscal Antidroga, Pablo Varela, pidió al tribunal incluir como pruebas en la causa las declaraciones de más de una decena de policías y un CD con pruebas documentales que incluye varias grabaciones.
Por otro lado, la mayor parte de los abogados defensores coincidieron en pedir al tribunal que se anule un auto del juzgado instructor de esta causa por el que se autoriza la sonorización de una furgoneta en la que algunos de los acusados solían hablar sobre detalles del operativo de narcotráfico que se frustró en la denominada operación Visillo.
Los abogados consideran que debe anularse ese auto porque se vulneró el artículo 18 de la Constitución, que regula el secreto de las comunicaciones, y argumentan que existe jurisprudencia en el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional que declaran ilegales este tipo de sonorizaciones. Además, consideran que si se declara ilegal esa sonorización podría verse afectado el resto del procedimiento, pues la mayor parte de las actuaciones policiales en esta investigación se basa del contenido de las conversaciones grabadas en esa furgoneta Renault Scenic.
Los abogados de las partes se opusieron a tener en cuenta como pruebas las aportadas por el fiscal, pues consideran que aportar esos testimonios y documentos es algo "extemporáneo" y "sorpresivo" y, en caso de que el tribunal lo acepte, genera indefensión a los acusados y debería conllevar una suspensión del juicio para que tengan tiempo a prepararse ante la nueva prueba.
El fiscal también se opuso a que se tenga en cuenta le petición de nulidad planteada por las defensas. Sí reconoce Pablo Varela que la sonorización -que aquí se realizó con orden judicial y gracias a que Renault facilitó a la policía una copia de las llaves- es un procedimiento que tiene jurisdicción contraria y, por lo tanto, podría anularse, pero mantiene que esa nulidad no afectaría al resto del procedimento.
Al respecto, las partes mantienen que "la sonorización lleva de la mano el procedimiento, es el hilo conductor", pero Pablo Varela no está de acuerdo y mantiene que este procedimiento es fruto de una investigación "compleja" que "se ha nutrido con diversos medios de prueba". Además, el fiscal sostiene que la sonorización podría anularse, pero no el auto que la autoriza, pues en ese mismo auto también se autoriza una escucha telefónica que sí se realizó con todas las garantías.
Antes de la celebración de este juicio se realizaron una serie de negociaciones entre el fiscal y las partes y Pablo Varela ofreció un acuerdo de conformidad a los acusados que implicaba una notable reducción de las penas solicitadas, 24 años para O Mulo y 19 y medio para el resto. El posible acuerdo suponía diez años para O Mulo, siete y medio para la tripulación del 'Coral I' y ocho para el resto de procesados, pero no fructificó.
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