Una sentencia evita que la Deputación tenga que devolver 3,6 millones de la Unión Europea
Por Oskar Viéitez
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acaba de fallar a favor de la Deputación de Pontevedra en su litigio para evitar devolver 3,6 millones de la Unión Europea.
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude auditó el proyectos DepoTrans y detectó "irregularidades graves" y una mala gestión por lo que el Ministerio de Hacienda reclamó la devolución del 75% de la financiación europea, un montante de 3,6 millones de euros, destinados a la instalación de 35 depuradoras en el área del Miño.
La Deputación reclamó y ahora el TSJM concluye que esta petición de reintegro del dinero se produjo cuando el plazo ya había prescrito sin entrar a valorar las anomalías en la gestión del proyecto.
El portavoz del grupo provincial del PP, Ángel Moldes, recordó este miércoles que el actual gobierno presidido por Carmela Silva "lo primero que hicieron nada más llegar la Diputación fue enviar los proyectos del anterior gobierno del PP a la Fiscalía intentando reventar y afear la gestión del PP", por lo que criticó que "intenten ahora disfrazarse de grandes salvadores de estos fondos europeos y de los intereses económicos de la Deputación".
Moldes recuerda al Partido Socialista y al BNG que "el primero que inició la batalla en los tribunales" con respeto al proyecto DepoTrans fue el anterior gobierno del PP, "al contrario de lo que hizo el actual bipartito" que envió la documentación a Fiscalía y no contestó "hasta en dos ocasiones", ninguno de los requerimientos administrativos que le hicieron desde la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, "con el único fin de desprestigiar la gestión del Partido Popular y sin pensar en los perjuicios económicos y las consecuencias que su actitud podía ocasionar porque están más centrados en la crítica política y en su obsesión con el anterior gobierno que en defender y gobernar la provincia".
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid recoge que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude detectó en el proyecto DepoTrans por parte de los gestores de la Deputación que entonces presidía Rafael Louzán "restricciones de la competencia a través de prescripciones técnicas que de facto limitaban la misma a un fabricante determinado; exclusión, por presunta temeridad, de la oferta objetivamente mejor valorada; utilización injustificada del procedimiento de urgencia en las licitaciones; falta de transparencia o criterios disuasorios, entre otras irregularidades", señala el fallo.
Según el Partido Popular, "lo que se esconde detrás de todo esto es la envidia y la incompetencia del actual gobierno provincial, incapaz de conseguir ningún tipo de financiación europea".
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