Beatriz Suárez-Vence Castro
Cualquiera
Cualquiera puede votar.
Cualquiera puede obtener el permiso de conducir.
Cualquiera puede obtener una licencia de caza.
Cualquiera puede acceder a la Universidad y graduarse.
Del mismo modo, cualquiera puede ser juez.
Cualquiera que reúna los conocimientos suficientes y los requisitos legales.
Hemos desterrado las Humanidades de la formación. Hemos, y utilizo la primera persona del plural, porque nos engloba a todos.
Cuando la formación humanística y en valores es cero, aparecen sentencias tan tristemente vergonzosas como la de "la manada".
Cuando la Universidad deja de ser un centro de formación, de intercambio de conocimientos, de debate, para pasar a ser una fábrica de graduados con conocimientos técnicos, sucede que alumbra profesionales del Derecho con un criterio como el del tristemente conocido juez del voto particular, esto es: con un criterio que no deja de ser propio y expresado dentro del marco legal pero a todas luces incoherente y amoral.
El problema de España es que, en un afán de democratizar absolutamente todo, de no poder juzgar ningún tipo de comportamiento, de acoger a cualquiera dentro del sistema, porque todos debemos tener los mismos derechos, no hemos puesto ningún tipo de límite. Y sin límites no se puede sancionar porque cualquier comportamiento es válido. Vale para los violadores, vale para los maltratadores, vale para las compañías telefónicas, vale para el fisco, vale para los vecinos ruidosos, vale para los niños maleducados, para los dueños de los animales que ensucian la calle, vale para los jueces.
Hemos pervertido la idea de la democracia y de la libertad, convirtiéndola en un simple: Todo vale, cualquiera entra. Hemos otorgado derechos sin imponer al mismo tiempo las obligaciones que todo derecho lleva parejas.
Tanto las personas como la ley, tienen algo que se llama espíritu. En el caso de las personas hay que formarlo para que salga, en el caso de la ley, hay que interpretarla para encontrarlo.
La ley es algo flexible y el Sistema Legal debería tener resquicios suficientes para poder interpretarla más allá de la letra, de manera que el resultado sea conforme a la Justicia. Pero para eso quien se encarga de interpretarla tiene que tener una formación y un sentido de la Justicia que le lleve a querer hacerlo, sin ampararse en que la propia ley no le permite ir más lejos.
Quien trabaja para la Justicia no puede tener una mentalidad clásica de funcionario porque su obligación es algo tan importante como impartir Justicia. Y la Justicia es una idea que debe superar cualquier tecnicismo. Para llegar a ella, es necesaria la formación humanística, moral, si se puede hacer uso de esta calificación.
Hemos creado una sociedad funcionarial, práctica y, además, carente de valores. Con personas acomodadas a las que su trabajo no le crea más preocupaciones que cobrar a fin de mes. Y a veces hay que llevarse trabajo a casa. Sobre todo si ese trabajo consiste en algo tan importante como juzgar un delito.
El problema de la polémica sentencia navarra no son los jueces, en el caso de que a esos jueces los hayamos formado todos con nuestros impuestos y desde la Universidad Pública.
Yo asistí a una Universidad, ya lo he escrito más veces, en la que a los profesores les importaba más vender su libro que formar, con honrosas excepciones. No se fomentaba el pensamiento crítico, el debate, la cultura de base más allá de la correspondiente a la carrera. No se estudiaba, se memorizaba. La dejé sin llegar a licenciarme cuando me quedada menos de un curso para ello.
Por lo visto sigue igual. Todo el mundo quiere entrar, obtener el título y salir pitando a ganar a dinero. En el caso de los profesores, el título ya lo tienen, pero las ganas de hacer bien su trabajo son las mismas que las de la mayoría del alumnado.
No quiero decir con esto que haya que volver a una Universidad o Centros de Formación elitistas, a los que solo unos cuantos puedan tener acceso. No creo además que el nivel de excelencia de la Universidad Privada sea mayor que el de la Pública.
Creo que debe haber una Universidad para todos, pero sin que eso suponga rebajar la calidad de la enseñanza o el nivel del alumnado: que todo el mundo pueda tener una formación superior que lo capacite de verdad para ejercer la profesión que sea. El rasero para igualar debe colocarse, no más abajo, si no procurando elevarlo.
Si obviamos en la formación la parte humanística, si no enseñamos a leer para comprender un texto, no para memorizarlo, si no fomentamos el pensamiento crítico y la responsabilidad propia y la que tenemos hacia los demás, si no nutrimos la enseñanza básica con una cultura que eduque la sensibilidad, fabricaremos máquinas en lugar de formar personas. Estaremos anulando la conciencia y la empatía. Sin conciencia se pierde el sentido del deber. Sin empatía, no hay posibilidad de convivencia entre humanos porque no nos importa el otro.
Esta semana, en el noticiario 24 horas, la abogada Ana Parés hacía, desde el punto de vista técnico, no como mujer, un análisis de la sentencia. Decía que estaba ajustada a la ley. Y decía bien. Pero el problema, creo yo, es que aunque la sentencia sea conforme a la ley, no es conforme a la idea de Justicia, que es lo que debe prevalecer al amparo de cualquier ley.
La sentencia navarra es legal, nos guste o no, porque sigue los preceptos legales y los tipos descritos en nuestro Código Penal, pero no es justa porque la pena a la que se condena a los acusados no guarda proporcionalidad con el sufrimiento causado a la víctima.
La Proporcionalidad es uno de los principios que presiden nuestro ordenamiento legal y aparece recogido tanto en la Constitución como en el Código Penal. Según el mismo la gravedad de la pena o la medida de seguridad debe corresponderse con la gravedad del hecho cometido y con la peligrosidad social del sujeto que lo ha cometido.
Lo triste es que el Principio de Proporcionalidad parece creado para amparar más a quien comete el delito y asegurarse de que no se vulneren sus derechos que para proteger a la víctima y resarcirla en la medida posible del daño que se le ha causado.
No creo que la solución pase por algo tan simple como cambiar el Código Penal.
Cambiar una ley dentro de nuestro sistema conlleva una serie de trámites, el más complicado la aprobación de Congreso y Senado en el que nadie suele ponerse de acuerdo porque otra vez priman los intereses políticos y personales, más allá de los éticos o sociales.
Se trata, creo yo, de impartir Justicia con arreglo a la Ley que tenemos y eso se puede hacer yendo más allá de la simple "letra de ley", buscando el espíritu.
La ley es algo vivo, que puede aplicarse tanto en sentido amplio como estricto. Puede tener en cuenta incluso, de ser necesario, criterios tanto objetivos como subjetivos. Es falso que la ley sea totalmente rígida. Un experto puede trascenderla, sin saltársela, para imponer Justicia.
Otra cosa es que sea tan obtuso que no sepa hacerlo. O tan pasota que no le importe.
Lo más triste en el caso de la sentencia de Navarra no es solo que se haya cometido una violación. Es que esa violación se ha convertido, al amparo de la Ley, en un simple delito de abuso sexual, en el que la pena de nueve años, teniendo en cuenta la juventud de los acusados, resulta insuficiente.
Ellos seguirán siendo jóvenes cuando salgan de la cárcel, aunque cumplan la pena íntegra. Serán igual de libres que cuando entraron. Por el contrario, la víctima aunque seguirá siendo joven cuando ellos salgan no será ya nunca libre, por el daño que le han causado.
Eso es lo que la ley, que es el único instrumento técnico que tenemos, no habría debido amparar, porque el instrumento humano, el juez, el único que puede trascenderla para que sea justa, no habría debido nunca permitirlo.
Un juez, igual que un abogado, un médico, un maestro, ingeniero, sacerdote, conductor de autobús o dependiente de tienda no es más que el reflejo de la sociedad en la que vive. De la formación que ha recibido para "saber su oficio". Y para saber su oficio no debe solo limitarse a coger el volante o firmar una sentencia, debe ser una persona formada íntegramente y ser consciente realmente de la importancia de lo que tiene entre las manos. Ahí es donde falla la formación.
A mayor abundamiento, por emplear lenguaje legal, uno de los agresores pertenece a la Guardia Civil.
O volvemos a formar integralmente a las personas, en lugar de embutirles conocimientos, o esta sentencia y estas tantas otras cosas que suceden diariamente, ya sea en una Sala de Justicia, ya en nuestro edificio o en la calle, me temo, es lo que único que vamos a tener.