Luis López Rodríguez
Un paso más
Leo que van a juzgar a un hombre por cagarse en Dios y en la Virgen. Leo también unas declaraciones del Ministro de Interior en las que afirma que pitar el himno nacional es violencia. Leo estas cosas y ni siquiera me sorprendo de no sorprenderme, me digo que era de esperar, que es la evolución lógica de las cosas en nuestro actual panorama político-jurídico, que todavía serán muchos los que acaben pasando por los juzgados de este país sin saber muy bien qué han hecho ellos para merecer este juicio.
Cagarse en Dios o en la Virgen o en el Divino Navete de Rasputín son expresiones coloquiales que, efectivamente, pueden resultar ofensivas para algunos, de la misma forma que cagarse en la teoría de la evolución o en los ensayos de Noam Chomsky pueden serlo para otros (hay gente muy sensible en todas las capas sociales). Son ofensas verbales sin ninguna trascendencia; a nadie sin problemas psicológicos severos va a cambiarles en algo la vida que un tercero decida, por su cuenta y riesgo, condenarse al infierno o a la ignorancia. La solución más rápida y efectiva ante tales ofensas sería obviarlas en sí mismas o a quien las pronuncia. El civismo también consiste en eso, no sólo en respetar a los demás sino en saber ignorar a quien no quiere hacerlo con nosotros. Si la justicia nos dice (admitiendo a trámite) que debemos denunciar cada una de las frases o gestos o actitudes que nos parezcan ofensivas, aunque ni siquiera vayan dirigidas a nosotros directamente, llegaría un punto en que la comunicación sería imposible. Pero, al parecer, es la opción que el juez ha decidido tomar en este caso.
La teoría del ministro va todavía un paso más allá. Ya no se trata sólo de considerar la ofensa como delito, sino como delito violento, pero restringiendo su aplicación a los símbolos nacionales, es decir, uno puede pitar el himno del Betis, del Sevilla o de Colombia, pero no el nacional, porque, según su explicación, esto podría ofender a muchos españoles, lo cual, para el señor ministro es violencia en estado puro. Un argumento, me temo, que no entiende ni él y con menos recorrido jurídico (en el ámbito internacional, aquí todo es posible) que legalizar el asesinato. En su empeño por liberar al rey de la presumible protesta con la que será recibido por los aficionados catalanes en la final de copa, el ministro se desliza peligrosamente hacia aquella máxima, <<todo lo que no está prohibido es obligatorio>>, que Jardiel Poncela utilizara para definir los regímenes dictatoriales.
Cada día nos sorprende menos la connivencia de buena parte de la prensa con este tipo de ocurrencias en su empeño por criminalizar las protestas de aquellos que reniegan o no se sienten representados por los símbolos patrios, como si olvidasen o les diese igual que, por incómodos que sean, quienes así se expresan tienen derecho a disentir y mostrar su disconformidad, un derecho que, recuerden o no esos periodistas, es uno de los pilares de su trabajo.