Tribuna Viva
La otra APLU
En Galicia somos unos trastes que vamos por la vida cimentando leiras y cultivando galpones como si cada microparcela fuese una casilla del Monopoly. Se nos va la cabeza a eso, qué le vamos a hacer. Tutti churrasco, dijo el poeta.
El estrabismo ensayado de alcaldes y técnicos municipales nos garantizaba la necesaria y suficiente impunidad: cada "ti vai facendo", 15 votos a la buchaca... Hasta que, en un acto incontenible de progresismo y modernidad, la Xunta de Galicia dijo basta, se inventó la APLU y dejó en manos de una apisonadora administrativa la reposición de la legalidad urbanística.
Con el paso de los años la APLU ha ido solventando los desagravios más notables con el territorio (salvo alguna cosa, como diría Rajoy) y, agotados estos, ahora se dedica a perseguir galpones, casas que llevan décadas inacabadas y... autocaravanas (en este caso ellos denominan "demolición" a lo que los demás conocemos como "aparcar en otro sitio", pero se cuelgan la medalla). Verdaderas batidas, oiga.
En este escenario a alguien se le ocurrió que podía ser buena cosa implicar a la fiscalía penal, pasándole los expedientes por si alguien tenía que ir a la cárcel por algo que al fin y al cabo iba a ser demolido a su costa. Y en esas estamos: sancionando y enredando al pueblo hasta la demolición y más allá...
Pero no siempre es así: en ocasiones (en algunas ocasiones, como diría Rajoy) la APLU se contagia de estrabismo alcaldil y no ve, ni oye, ni habla. Una monada. Pasa que estas ocasiones coinciden con que la obra no ha sido perpetrada por un particular, sino por la propia administración, y pasa también que detrás de esas obras hay un responsable político al que es preferible salvaguardar bajo una montaña de tiempo e inmovilismo.
Esto provoca que en algunos periodos se pueda uno encontrar en los medios situaciones paradójicas: reiteración incisiva de sanciones y órdenes de demolición a tres meses vista a afectados como los de Vilaboa o Lourizán (viviendas habitadas) frente al laissez faire con que se trata a concellos como Barro, donde el puente de Valbón (construido veleidosamente sin conexión con ningún vial) fue objeto de una resolución de demolición hace tres años (expediente PON/155/2013).
Tres años sin ninguna sanción. Sin cartas cada mes. Sin que la fiscalía haya tenido siquiera noticia de su existencia. Sin tener que contratar desesperadamente a un abogado. En Barro ni fiscalía ni mú.
Extraña. Sobre todo si una lleva una semana leyendo en prensa declaraciones de la APLU y su director garantizando equidad y proporcionalidad, e incluso magnanimidad en relación a Vilaboa: "...somos flexibles. Si hay posibilidades de salvar esa construcción en un horizonte visible, no en un plazo de seis meses, se hará".
Tres años. No seis meses: tres años, y el puente sigue sin demoler y los responsables del gasto inútil de 100.000€ de dinero público (más lo que vaya a costar la demolición) de rositas, dando lecciones de habilidad política y nombrando herederos en la intimidad de las tabernas, esa universidad de la vida.
Constatada pues la existencia de una APLU de dos velocidades, a los administrados nos resulta difícil comprender por qué ceban su aceleración contra viviendas habitadas mientras la velocidad cero se aplica sólo cuando hay cargos políticos implicados. Tomen nota los afectados. ¿Algo que declarar, APLU?
Patricia Eirín Carreira